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México ocupa el segundo lugar en niños huérfanos en América Latina, con un total de 1.6 millones de menores que no encuentran un hogar, ya que el proceso de adopción es muy complejo y puede tardar hasta dos años. Por ello, la Comisión Permanente demandó agilizar los procesos.

La senadora priísta Lisbeth Hernández recalcó que actualmente 30 mil niños y adolescentes huérfanos viven en albergues, casas hogar y orfanatorios, y están es espera de ser adoptados, pero 77 por ciento de ellos tienen posibilidades reducidas de pertenecer a una familia (al contar con edades de entre siete y 17 años) y corren el riesgo de sufrir diversos trastornos en cuanto a lo social, cognitivo, sicológico y físico.

Resaltó que las cifras señalan que en cinco años sólo dos niños de 10 años y uno de 11, bajo la custodia del DIF, fueron adoptados en el país; sin embargo, el proceso fue cumplido por familias internacionales.

Además, detalló Hernández, también el Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia refiere que del periodo de 2012 a 2016 fueron adoptados 46 niños de las cuatro casas cuna (menores de ocho años), no obstante, ningún infante mayor de 11 años ha logrado ser acogido por una familia.

Explicó que diversos estudios arrojan que cuanto menor es la edad del niño que ha quedado huérfano y cuanto más tiempo se queda en el orfanato, tendrá un efecto negativo en su desarrollo físico, porque se afecta su sistema inmune, disminuye su capacidad de recuperación física y el crecimiento normal, debido principalmente a la falta de cariño que experimenta.

La también diputada del tricolor Jasmine María Bugarín señaló que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), indica que México ocupa el segundo lugar en América Latina en el número de niños huérfanos, al sumar 1.6 millones y que muchos de ellos viven en casas hogar, orfanatos, internados e instituciones de asistencia social, que no son entornos ideales para su crecimiento”.

Resaltó que es urgente agilizar los procedimientos y trámites para hacerlo, pues el tiempo que toma el proceso es un factor clave para lograr el éxito de la integración de estas nuevas familias.

La diputada del PRD Maricela Contreras apuntó que las trabas en la adopción y en la reproducción asistida dan paso a un mercado negro.

Con información de La Jornada

El procedimiento por supuesto entrabamiento contra el Ministerio Público, iniciado por la Contraloría General de la República (CGR), se encuentra en una fase sumaria.

Dicho procedimiento lo inició la Contraloría, luego que el 3 de julio la fiscal general Luisa Ortega Díaz impidió que se ejecutara una acción de control fiscal sobre el Ministerio Público para evaluar las actuaciones administrativas, presupuestarias y financieras de esta instancia del Poder Moral, desde el 1º de enero de 2008 al 30 de junio de 2017, así lo reseñó AVN.

El contralor Manuel Galindo señaló que los poderes públicos no pueden trabar las funciones que ejerce el máximo órgano de control fiscal en Venezuela. “Estamos en una fase sumaria para respetar los derechos que la Contraloría General de la República y el sistema nacional de control fiscal le da a cada funcionario o funcionaria, objeto de una investigación”, detalló.

Informó que el procedimiento por entrabamiento podría acarrear multas de hasta mil unidades tributarias y una sanción accesoria, con inhabilitación de 1 a 15 años.

Galindo anunció que próximamente se harán las respectivas notificaciones personales, tanto a Ortega Díaz como al resto de los fiscales nacionales. “Si la misma no se quiere recibir, tendremos que hacerla forzosamente por un cartel, a través de los medios (de comunicación). Allí será pública y podremos explicar ante los medios en qué consiste el procedimiento de ese entrabamiento”, apuntó.

El contralor informó además que tanto Ortega Díaz como todos los fiscales superiores del país, fueron debidamente notificados, a través de un oficio con fecha 30 de junio de 2017, sobre las actuaciones que realizaría la Contraloría General de la República, por lo que negó lo declarado por esta funcionaria, quien calificó la medida como un atropello hacia el Ministerio Público.

En un foro sobre la Asamblea Nacional Constituyente, que se llevó a cabo en la sede del Banco Central de Venezuela, en Caracas, el contralor también se refirió a la prueba grafotécnica realizada a la firma de la fiscal Ortega Díaz que confirmó que efectivamente la funcionaria firmó el acta del Consejo Moral Republicano del 21 de enero de 2016, donde se ratificaba su participación en la sesión extraordinaria del 16 de diciembre de 2015 y avalaba la preselección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“No cabe duda alguna que la fiscal suscribió esas actas”, señaló Galindo.

Asimismo, manifestó su disposición a someterse a la prueba del polígrago (conocida como prueba de la verdad) que se realizará a los miembros del Poder Ciudadano el próximo 17 de julio, sobre la participación en la reunión del 16 de diciembre de 2015.

Galindo reiteró una vez más que está dispuesto a participar en un careo, junto al defensor del Pueblo y a la fiscal, en torno a la sesión donde se preseleccionó a los 13 magistrados principales y a los 21 suplentes.

  1. Con información de Notitarde