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El procedimiento por supuesto entrabamiento contra el Ministerio Público, iniciado por la Contraloría General de la República (CGR), se encuentra en una fase sumaria.

Dicho procedimiento lo inició la Contraloría, luego que el 3 de julio la fiscal general Luisa Ortega Díaz impidió que se ejecutara una acción de control fiscal sobre el Ministerio Público para evaluar las actuaciones administrativas, presupuestarias y financieras de esta instancia del Poder Moral, desde el 1º de enero de 2008 al 30 de junio de 2017, así lo reseñó AVN.

El contralor Manuel Galindo señaló que los poderes públicos no pueden trabar las funciones que ejerce el máximo órgano de control fiscal en Venezuela. “Estamos en una fase sumaria para respetar los derechos que la Contraloría General de la República y el sistema nacional de control fiscal le da a cada funcionario o funcionaria, objeto de una investigación”, detalló.

Informó que el procedimiento por entrabamiento podría acarrear multas de hasta mil unidades tributarias y una sanción accesoria, con inhabilitación de 1 a 15 años.

Galindo anunció que próximamente se harán las respectivas notificaciones personales, tanto a Ortega Díaz como al resto de los fiscales nacionales. “Si la misma no se quiere recibir, tendremos que hacerla forzosamente por un cartel, a través de los medios (de comunicación). Allí será pública y podremos explicar ante los medios en qué consiste el procedimiento de ese entrabamiento”, apuntó.

El contralor informó además que tanto Ortega Díaz como todos los fiscales superiores del país, fueron debidamente notificados, a través de un oficio con fecha 30 de junio de 2017, sobre las actuaciones que realizaría la Contraloría General de la República, por lo que negó lo declarado por esta funcionaria, quien calificó la medida como un atropello hacia el Ministerio Público.

En un foro sobre la Asamblea Nacional Constituyente, que se llevó a cabo en la sede del Banco Central de Venezuela, en Caracas, el contralor también se refirió a la prueba grafotécnica realizada a la firma de la fiscal Ortega Díaz que confirmó que efectivamente la funcionaria firmó el acta del Consejo Moral Republicano del 21 de enero de 2016, donde se ratificaba su participación en la sesión extraordinaria del 16 de diciembre de 2015 y avalaba la preselección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“No cabe duda alguna que la fiscal suscribió esas actas”, señaló Galindo.

Asimismo, manifestó su disposición a someterse a la prueba del polígrago (conocida como prueba de la verdad) que se realizará a los miembros del Poder Ciudadano el próximo 17 de julio, sobre la participación en la reunión del 16 de diciembre de 2015.

Galindo reiteró una vez más que está dispuesto a participar en un careo, junto al defensor del Pueblo y a la fiscal, en torno a la sesión donde se preseleccionó a los 13 magistrados principales y a los 21 suplentes.

  1. Con información de Notitarde